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sábado, 11 de julio de 2009

Los expertos defienden una TVE sin publicidad y dedicada al servicio público


Cuando en 1922 John Reith planteó el concepto de servicio público que guiaría a la recién nacida corporación BBC, no era consciente de su aportación. Ahora, medio mundo estudia este modelo de televisión pública que busca llegar a grandes audiencias sin olvidar el compromiso con el ciudadano y la cultura. Una visión paternalista de la televisión que ha calado en Europa.

Al otro lado del Atlántico la situación es distinta. En Estados Unidos se apostó desde el primer momento por un mercado de las televisiones privadas. Una diferencia que según Mercedes Medina, doctora en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, radica “en la naturaleza jurídica de la televisión. En Europa las ondas de transmisión se consideran un servicio público y en Estados Unidos no es así”. Es precisamente esta naturaleza la que condiciona el mercado televisivo. La televisión pública norteamericana, la PBS, “es totalmente subsidiaria”, afirma.

Debate abierto
En España, el debate sobre el nuevo modelo de financiación sin publicidad de la Corporación Radiotelevisión Española (CRTVE) abierto por el Gobierno de Zapatero hace replantearse el papel que TVE juega en el panorama televisivo español.

Para compensar la pérdida de publicidad, la cadena estatal deberá incrementar su oferta de programación para aumentar los requisitos de producción de servicio, así como una potenciación de la producción propia. La corporación ya recoge en su código de conducta comercial un compromiso con “las necesidades democráticas, sociales y culturales del conjunto de los ciudadanos”.

En este sentido, el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, Fernando González Urbaneja, justifica la existencia de una televisión pública que califica de “necesaria”, aunque apuesta por una reforma que la convierta en una cadena “seria, de calidad y bien financiada”.

Estas pautas que en la práctica, y según un informe elaborado por la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca), no se han cumplido en el pasado. Según Uteca más de un 40% de los programas emitidos por TVE entre 2005 y 2008 no cumplían la misión asignada de servicio público.

Para Mercedes Medina Televisión Española fue “arrastrada por la comercialización del sector” lo que le llevó a adoptar unos criterios de programación que perseguían “la máxima audiencia”. Sin embargo, la doctora en Ciencias de la Información se muestra confiada ante lo que parecen “señales de reorientación en TVE” impulsadas por el gobierno actual.

Se trata de convertir así a la televisión pública “en lo que debería ser”, afirma Medina. Una televisión pública que estaría “comprometida con la producción española y europea, prestando especial atención al público infantil y a las minorías”.

¿Pero es el servicio público una cuestión exclusiva de la televisión pública? En algunos países europeos la legislación obliga a las cadenas privadas a cumplir determinados requisitos. Es el caso de Inglaterra donde cadenas como ITV deben cumplir unos requisitos de servicio para simultanear licencias analógica y digital, tales como espacios infantiles o religiosos e, incluso, espacios electorales gratuitos en tiempos de elecciones.

Es una situación muy diferente a la que se vive en nuestro país, donde las televisiones comerciales sólo están obligadas a contribuir a la producción cinematográfica.

Nueva ley
La legislación vigente obliga a las cadenas privadas a invertir un mínimo de un 5% de sus ingresos en cine europeo, no pudiendo incluir dentro de este concepto la inversión en series. Es precisamente esta última condición la que más ampollas levanta entre las emisoras comerciales.

Está previsto que esta situación se vea modificada con la nueva Ley General del Audiovisual. Los planes del Gobierno de Zapatero son de aceptar dentro de ese 5% de inversión, la inclusión de los costes de sus series, tal y como reclamaban las emisoras privadas. Para González Urbaneja, a la televisión privada no le corresponde una misión de servicio público por lo que su actuación debe limitarse a “respetar la legislación”

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